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Congreso asalta caja fiscal

Congreso asalta caja fiscal Por increíble que parezca, los 118 mil soles que cobrarán los legisladores en julio próximo, en los que se incluyen sueldos, gratificaciones, gastos operativos, CTS, así como el famoso bono de “desinstalación”, saldrán del fondo de contingencia del Presupuesto nacional.

Es decir, estos padres de la Patria han echado mano del dinero que se debe tener en reserva para hacer frente a cualquier emergencia que pudiera presentarse, como los desastres naturales, como el terremoto en Lamas hace muy poco, que dejó a cientos de familias en la calle.

Este vergonzoso hecho fue puesto al descubierto por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, delante de los parlamentarios cuando acudió a sustentar el Presupuesto General de la República, que asciende a 50,692 millones de soles.

Explicó que la Comisión de Presupuesto del Congreso, a cargo de la oficialista Celina Palomino, modificó el proyecto enviado por el Ejecutivo y, entre otros cambios absolutamente inapropiados, redujo de 142 millones a 25 millones de soles el fondo de contingencia.

“Este punto es muy peligroso, pues la reserva de contingencia es un fondo que permite afrontar eventos inesperados, que son por naturaleza impredecibles. El dictamen considera un recorte de 67 millones a la reserva de contingencia prevista por el Ejecutivo. Además se estima que el Congreso aumentaría su presupuesto institucional con cargo a este fondo”, reveló.

El premier sostuvo que si el Parlamento decidiera aprobar el proyecto presentado por la legisladora Palomino, la reserva de contingencia quedaría “virtualmente eliminada, ascendiendo apenas a 25 millones de soles”.

“Extremadamente grave”
El jefe del gabinete ministerial no dudó en calificar la propuesta de la Comisión de Presupuesto e incluso hizo un serio llamado para que en el menor tiempo posible se instale un grupo de trabajo que pueda encontrar un equilibrio entre lo que pretende el Congreso y lo que pide el Ejecutivo.

“Deben entender que esto es extremadamente grave, en un país pequeño, con una geografía difícil y una historia de desastres naturales que requieren de atención inmediata.

Además la coyuntura actual de aumento de los precios del petróleo, las tasas de intereses internacionales y desequilibrios en las grandes economías puede generar en shocks adversos como los que ya antes ha afrontado la economía peruana”, precisó.

Agregó que, por si fuera poco, el país ingresa a un proceso electoral que inevitablemente determinará un aumento de la incertidumbre, que podría requerir la intervención estabilizadora de las autoridades.

“Un poquito mas”
Aunque la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Celina Palomino,  se resistió a comentar las revelaciones del premier, finalmente sólo dijo que se podrían hacer algunas modificaciones a su propuesta presupuestal.

“Tal vez les hemos quitado mucho, y en algo hemos sido radicales. En todo caso, creo que podremos devolverle alguito más y no ser tan duro con él”, refirió escuetamente, como si esto se tratase de un asunto sin mayor importancia.  

Congresistas deberán probar la legalidad del cobro de CTS
El ministro de Trabajo, Carlos Almerí, solicitó al Congreso un informe jurídico que explique en qué leyes se ha basado para otorgar un pago de compensación por tiempo de servicios (CTS) a favor de los parlamentarios y el cobro de 16 mil soles por concepto de “desinstalación” para aquellos que no consigan salir reelectos en los próximos comicios.

“Con franqueza, es la primera vez que escucho este concepto de desinstalación. Alguien lo ha inventado y habría que indagar quién ha sido el responsable”, dijo Almerí, quien además es legislador de Perú Posible.

Según el cronograma de pagos, a cada congresista le tocará al final de su mandato 118 mil soles, entre ellos 16 mil soles por “desinstalación” y 50 mil soles por concepto de CTS. 

Almerí sostuvo que es necesario solicitarle al presidente del Parlamento, Marcial Ayaipoma, los fundamentos que tuvo la Mesa Directiva para aprobar esos pagos.
Sobre la CTS, precisó que si ésta no tiene un sustento jurídico, se podría plantear una acción legal destinada a paralizarla.

 

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