Elízabeth Prado.
El grupo de fotografías a las que ha accedido La República no solo grafica lo determinado por la necropsia de ley, sino que refuerza la versión que dieron los comuneros de Cajas-Canchaque, respecto a lo que ocurrió el dos de diciembre en esa localidad piurana.
Los campesinos aseguraron que fueron atacados por un contingente de más de treinta policías al momento en que reclamaban por la detención de campesinos, sin que existiera una orden judicial.
Por el contrario, la Policía Nacional, a través del general PNP Walter Rivera Alva, había dicho que cientos de campesinos armados con piedras “y balas” emboscaron ese día a los agentes policiales. Además refirió que dos agentes estaban heridos
Lo cierto es que estas fotografías revelan que los restos de los comuneros Cástulo Correa Huayama (39) y Vicente Romero Ramírez (52) presentan heridas de balas disparadas por la espalda con salida por el tórax.
El peritaje señala que según la trayectoria que tomó el proyectil dentro del cuerpo de las víctimas, los disparos fueron ejecutados de arriba hacia abajo.
En opinión de los peritos, este hecho indica que quien realizó el disparo tenía el dominio completo del espacio y también ventaja respecto a su víctima al momento de percutar su arma.
El material gráfico, asimismo, permite constatar que el tórax de las víctimas, especialmente el de Cástulo Correa Huayama, presenta una herida más grande que en la espalda. Esta especie de boquerón es la típica señal de la salida de un proyectil.
Eulalia Romero Ramírez, hermana del campesino fallecido Vicente Romero Ramírez, refirió desde su lecho en el Hospital Santa Rosa, que esa tarde los comuneros estaban en sus casas cuando llegó el contingente policial para entregar notificaciones por el atentado que sufriera el campamento de Minera Río Blanco.
Al ver que detenían a un comunero, ella protestó y recibió un impacto de bala en la pierna. Así, con estos testimonios la versión policial fue debilitándose de a pocos. La ciudadanía no conoció la identidad de los agentes heridos que denunció el general Rivera Alva.
Lo que mostró la policía, tres días después de los hechos, fue una camioneta con impactos de bala como prueba de haber sido atacados por los campesinos de la comunidad de Cajas-Canchaque.
Este caso es visto en el Juzgado de Huancabamba y aún no hay un pronunciamiento al respecto. En tanto, el juzgado de Chulucanas que sigue el caso del atentado a la Minera Río Blanco debe resolver la apelación del fiscal Martín Rijaba, quien no estuvo de acuerdo con la orden de comparecencia dispuesta para los comuneros.
El 2005 fueron secuestrados y torturados
Los comuneros de Huancabamba, que el 2 de diciembre perdieron a dos de sus miembros, son los mismos que en el año 2005 denunciaron el secuestro y la tortura de 28 personas dentro del campamento de Minera Majaz, por parte de la policía y miembros de seguridad de esta empresa.
La denuncia no tuvo eco en las autoridades piuranas hasta que aparecieron fotografías que mostraban el grave hecho. La causa hoy es vista en la Alta Corte de Inglaterra.
Después que esta Corte ordenó el congelamiento de los activos de Monterrico Metals, matriz de Río Blanco, que garantiza el pago de la indemnización para los torturados, sucede un atentado al campamento de Río Blanco, el 1° de noviembre.
Los primeros sospechosos fueron los comuneros de Huancabamba. El 2 de diciembre los policías fueron a notificarlos y a efectuar detenciones por el hecho.
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